La inversión pública en ciencia y tecnología en el presupuesto del Estado, está estancada, y "se aleja enormemente del incremento anual de recursos del 16% previsto en el VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011", según la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).
"El Gobierno tiene previsto destinar 9.673,04 millones de euros a investigación científica y tecnológica, lo que supone un incremento, respecto a 2008, del 2,5% en términos corrientes. Con la corrección de la inflación el crecimiento es prácticamente nulo", explicaron ayer los responsables de la Cosce.
"Esto es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual", puntualizó José de Nó, directivo de la entidad. El estancamiento no se justifica por la crisis, ya que tampoco en 2008 hubo un crecimiento del 16%. De Nó señaló que han crecido las partidas de créditos y se han reducido las de subvenciones, que son las que utilizan preferentemente los científicos.
Estructura de gestión
Joan Guinovart, presidente de la Cosce, añadió que si la financiación es una cara de la moneda, la otra es tener unas estructuras de gestión de la ciencia española adecuadas. "Sin una buena estructura el dinero no tiene efecto", dijo. Por ello, una comisión de la Cosce ha analizado el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, que debe sustituir a la vigente, de 1986. La nueva ley es necesaria para que España sea más competitiva, aunque el actual documento "tiene puntos fuertes y puntos débiles", explicó Juan Luis Vázquez. "El borrador identifica los problemas del sistema español pero es timorato y muchos no los resuelve". Entre los puntos fuertes destacan la internacionalización de la ciencia, el fomento de la investigación en el sector privado y "la propuesta de una carrera científica alternativa a la funcionarial".
Son puntos flacos, entre otros, la escasa referencia al papel de las universidades en la ciencia y el débil tratamiento de la relación con las autonomías. "El excesivo peso de las políticas locales nos da miedo", dijo Vázquez. Vicente Larraga, otro de los directivos, destacó que el borrador "no define claramente los órganos de gestión, como la Agencia Nacional de Evaluación".
El Pais
"El Gobierno tiene previsto destinar 9.673,04 millones de euros a investigación científica y tecnológica, lo que supone un incremento, respecto a 2008, del 2,5% en términos corrientes. Con la corrección de la inflación el crecimiento es prácticamente nulo", explicaron ayer los responsables de la Cosce.
"Esto es preocupante porque puede suponer el incumplimiento de los planes y compromisos de inversión del Plan Nacional y limitar la actividad investigadora, uno de los pilares básicos para superar la crisis actual", puntualizó José de Nó, directivo de la entidad. El estancamiento no se justifica por la crisis, ya que tampoco en 2008 hubo un crecimiento del 16%. De Nó señaló que han crecido las partidas de créditos y se han reducido las de subvenciones, que son las que utilizan preferentemente los científicos.
Estructura de gestión
Joan Guinovart, presidente de la Cosce, añadió que si la financiación es una cara de la moneda, la otra es tener unas estructuras de gestión de la ciencia española adecuadas. "Sin una buena estructura el dinero no tiene efecto", dijo. Por ello, una comisión de la Cosce ha analizado el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, que debe sustituir a la vigente, de 1986. La nueva ley es necesaria para que España sea más competitiva, aunque el actual documento "tiene puntos fuertes y puntos débiles", explicó Juan Luis Vázquez. "El borrador identifica los problemas del sistema español pero es timorato y muchos no los resuelve". Entre los puntos fuertes destacan la internacionalización de la ciencia, el fomento de la investigación en el sector privado y "la propuesta de una carrera científica alternativa a la funcionarial".
Son puntos flacos, entre otros, la escasa referencia al papel de las universidades en la ciencia y el débil tratamiento de la relación con las autonomías. "El excesivo peso de las políticas locales nos da miedo", dijo Vázquez. Vicente Larraga, otro de los directivos, destacó que el borrador "no define claramente los órganos de gestión, como la Agencia Nacional de Evaluación".
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